Unos mil elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN) y fuerzas estatales, participaron en un operativo para trasladar ayer en la madrugada a 209 reclusos considerados de alta peligrosidad a penales federales de varios estados, informó el secretario de seguridad pública local, Gilberto Loya Chávez. Explicó que
Unos mil elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Gobernación, Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN) y fuerzas estatales, participaron en un operativo para trasladar ayer en la madrugada a 209 reclusos considerados de alta peligrosidad a penales federales de varios estados, informó el secretario de seguridad pública local, Gilberto Loya Chávez.
Explicó que del Centro de Reinserción Social (Cereso) 1, en el municipio de Aquiles Serdán, fueron reubicados 117 reos; del penal 3, en Ciudad Juárez, 82, y del Cereso 2, en la capital del estado, 10 internos.
Subrayó que la operación se llevó a cabo debido a que las cárceles estatales no están habilitadas ni jurídica ni físicamente para albergar a personas privadas de la libertad de ese nivel. Por ello fueron transportadas en aviones de la GN hacia el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 El Altiplano, en el estado de México; el Cefereso 8 NorPoniente, en Sinaloa, y cárceles federales en Sonora, Guanajuato, Durango y Michoacán.
Para prevenir algún intento de rescate de los presidiarios, o violencia de grupos del crimen organizado, más de mil elementos de corporaciones policiacas y militares participaron en el operativo, indicó el funcionario. No obstante, alrededor de las 4 de la mañana, luego de enterarse del traslado, presuntos familiares de los presos incendiaron una camioneta y llantas en el estacionamiento del Cereso 1. Asimismo, otro grupo de supuestos parientes protestaron en el Cereso 3.
En cuanto a los procesados por el delito de evasión, Gilberto Loya explicó que se trata de los reos recapturados después de que escaparon del Cereso 3 el 1º de enero de 2023, cuando un ataque armado durante la visita familiar de Año Nuevo dejó 17 muertos (10 policías penitenciarios y siete convictos).
Los principales delitos cometidos por las personas privadas de la libertad reubicadas son homicidio, fraude, delitos contra la salud y sexuales, posesión de armamentos y cartuchos, robo agravado, evasión, desaparición forzada, secuestro, tráfico de indocumentados, extorsión, entre otros.
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