A casi once años del derrame de sulfato de cobre acidulado provocado por Grupo México en el Río Sonora, comunidades afectadas denuncian que no hay justicia ni avances reales en la remediación ambiental.

Durante una reunión con autoridades federales y estatales en Hermosillo, integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) señalaron que las propuestas presentadas por instituciones como la SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA carecen de presupuesto, fechas definidas y responsables claros.

“Las medidas siguen siendo generales, sin sustento legal y sin garantizar resultados”, acusaron en un comunicado.

Las comunidades exigen un plan de remediación transexenal, con vigilancia ciudadana y reconocimiento legal, que incluya acciones de salud, medio ambiente y justicia. También lamentaron la ausencia de organismos técnicos como el IMTA y el INECC, cuya participación consideran clave.

Además, denunciaron la suspensión de servicios médicos para personas con metales pesados en el organismo, iniciados en 2023 por IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud. Aseguran que no ha habido continuidad en el seguimiento clínico.

Los CCRS también reclamaron la falta de acción legal contra Grupo México, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya reconoció su responsabilidad en el caso.

“No podemos seguir permitiendo que la empresa ignore la ley y evada la reparación del daño”, advirtieron.

Finalmente, los comités informaron que presentarán en los próximos días una respuesta formal a las autoridades, reiterando su exigencia de memoria, justicia y garantías de no repetición.