El operativo ordenado por Abelardo Valenzuela provocó cuestionamientos sobre el uso arbitrario del aparato judicial con fines que poco tienen que ver con la justicia.

La intervención ocurrió cuando personal de la fiscalía colocó sellos de aseguramiento en el Centro Cultural Pedro López Elías, en Tepoztlán. La acción fue presentada como parte de una investigación anticorrupción impulsada desde Chihuahua.

Sin embargo, juristas señalaron que la fiscalía estatal no cuenta con facultades para ejecutar medidas de aseguramiento en otra entidad federativa sin coordinación institucional ni intervención federal. La falta de estos mecanismos generó dudas inmediatas sobre la legalidad del procedimiento.

El caso se volvió todavía más controvertido cuando los sellos fueron retirados semanas después sin explicación pública suficiente. No se emitió un informe institucional que aclarara el fundamento jurídico de la intervención inicial.

Para analistas, el episodio refleja un patrón preocupante dentro de ciertas instituciones: la tentación de expandir su poder más allá de lo que permite la ley, incluso a costa de debilitar la credibilidad del sistema de justicia.