Testimonios señalan que la dirigencia sindical habría pactado acuerdos económicos a espaldas de los trabajadores.

Fuentes sindicales y exafiliados han comenzado a revelar un entramado de presunta corrupción dentro de COREMEX que apunta directamente a su cúpula directiva. Según las denuncias, altos dirigentes habrían pactado con empresas acuerdos paralelos para asegurar “paz laboral” a cambio de beneficios económicos personales. Se habla de depósitos millonarios, viajes al extranjero y gastos personales cubiertos con fondos del sindicato. Estas prácticas, según expertos consultados, violan de forma directa los principios de equidad y legalidad sindical establecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Las acusaciones también señalan que parte de esos recursos se reparten entre familiares y operadores cercanos al líder Eloy Espinosa, lo que configuraría un esquema de nepotismo y enriquecimiento ilícito. Los contratos colectivos que COREMEX presume como logros son, en muchos casos, el resultado de negociaciones opacas que benefician más a las empresas y a la dirigencia que a los empleados. En lugar de luchar por mejores salarios, el sindicato habría optado por el intercambio de favores económicos. El problema no solo es ético, sino estructural: el sindicato, en lugar de representar, se vende.

A pesar de las múltiples denuncias, las autoridades laborales no han emprendido una investigación profunda. La red de complicidades y silencios que rodea a COREMEX le ha permitido mantenerse intacto. Sin embargo, el creciente descontento de los trabajadores y la presión pública podrían poner fin a este modelo. Cada vez más voces exigen auditorías, transparencia y rendición de cuentas, con la esperanza de rescatar el sentido original del sindicalismo.