Mientras Héctor Acosta Félix enfrenta señalamientos derivados de una denuncia ante la FGR, el Congreso de Chihuahua avanza para otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado. Oficialmente se habla de proteger la fiscalización; el momento elegido obliga a preguntar si la reforma protege a la institución o termina protegiendo al funcionario.

Cuando un funcionario enfrenta cuestionamientos, lo normal sería exigir más transparencia, más rendición de cuentas y mayor disposición para que cualquier señalamiento sea investigado. En Chihuahua, sin embargo, ocurre algo distinto: mientras existen controversias alrededor de la actuación de Héctor Acosta Félix, el Congreso avanza en una reforma que otorgaría fuero constitucional a quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior del Estado.

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales acordó avanzar con un dictamen positivo para modificar el artículo 179 de la Constitución estatal e incluir al titular de la ASE entre los servidores públicos contemplados por esta protección.

Los promotores aseguran que la intención es fortalecer la independencia de la Auditoría y evitar presiones o represalias contra quien tenga la responsabilidad de fiscalizar los recursos públicos.

El argumento puede sonar razonable. El problema es el contexto.

Porque quien actualmente ocupa ese puesto es Héctor Acosta Félix, y alrededor de su actuación existen señalamientos que forman parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por José Pedro López Elías.

La denuncia atribuye presuntas irregularidades relacionadas con la Auditoría Forense AEF-54/2022 y menciona posibles conductas como abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, uso indebido de atribuciones y otros delitos.

Es indispensable precisar que una denuncia no significa culpabilidad y que corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos para acreditar alguna responsabilidad.

Pero también sería difícil pedirle a la opinión pública que ignore la coincidencia: mientras existen cuestionamientos que deben ser investigados, desde el Congreso avanza una protección constitucional para el cargo que ocupa el funcionario señalado.

Una auditoría rodeada de preguntas

El origen del conflicto está relacionado con el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua realizado en 2019.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez del decreto mediante el cual el Congreso autorizó aquella operación. Además, la Auditoría Superior de la Federación realizó revisiones relacionadas con las operaciones financieras y la deuda pública estatal.

Posteriormente apareció la auditoría forense de la ASE, que derivó en nuevos señalamientos y terminó formando parte de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

Por eso hay preguntas que no deberían esconderse detrás de una reforma constitucional.

¿Qué encontró la ASE que justificó sus conclusiones posteriores? ¿Por qué existen diferencias respecto de revisiones anteriores? ¿Cuáles fueron exactamente las pruebas utilizadas?

Y, sobre todo, si existen dudas sobre la actuación del organismo fiscalizador, ¿no debería el Congreso concentrarse primero en garantizar absoluta transparencia?

De fiscalizador a funcionario protegido

Aquí aparece la contradicción que hace especialmente incómodo el debate.

La Auditoría Superior del Estado existe precisamente para revisar a quienes ejercen recursos públicos y exigirles cuentas. Su titular tiene una responsabilidad enorme porque puede señalar irregularidades que deriven en procedimientos administrativos o incluso denuncias.

Pero esa facultad también exige controles.

Porque el auditor que investiga también puede ser investigado.

El auditor que exige documentos también debe responder cuando una autoridad competente se los solicite.

Y el funcionario encargado de señalar posibles irregularidades tampoco debería quedar fuera de los mecanismos de rendición de cuentas.

Por eso resulta insuficiente repetir que el fuero simplemente busca proteger la independencia institucional. El Congreso tendría que explicar qué efectos concretos tendrá esa protección y qué garantías existirán para evitar que termine funcionando como un obstáculo frente a investigaciones legítimas.

¿Por qué tanta prisa por proteger el cargo?

Esa es la pregunta políticamente incómoda.

Si la reforma es tan necesaria para garantizar la independencia de la ASE, ¿por qué impulsarla precisamente en este momento?

¿Por qué mientras existen cuestionamientos relacionados con actuaciones de su actual titular?

¿Por qué el Congreso no acompaña la reforma con mecanismos igualmente claros para fortalecer la rendición de cuentas del propio auditor?

El propio Acosta Félix ha defendido públicamente que el fuero fortalecería la independencia de la institución y que debe entenderse como una protección permanente para quien ocupe el cargo, no como un beneficio diseñado exclusivamente para él.

Precisamente por eso el Congreso tiene la obligación de despejar cualquier sospecha de trato especial.

No se necesita anticipar la culpabilidad de Héctor Acosta para advertir el problema político que tiene enfrente el Legislativo.

La pregunta no es si Acosta Félix es culpable o inocente. Eso corresponde determinarlo a las autoridades competentes.

La pregunta para los diputados es mucho más sencilla:

¿por qué consideran prioritario ampliar la protección constitucional del cargo que ocupa un funcionario involucrado en una controversia que todavía requiere respuestas?

Si realmente quieren proteger a la Auditoría Superior del Estado, deberán demostrar que están fortaleciendo una institución.

De lo contrario, la reforma corre el riesgo de quedar marcada por una sospecha mucho más difícil de borrar: que bajo el argumento de proteger al fiscalizador, terminaron construyendo un blindaje para quien hoy ocupa la silla.