• Mientras la FGR y la ASF investigan su desempeño, el gobierno estatal sostiene su continuidad sin atender los señalamientos técnicos y legales.

La insistencia de la gobernadora Maru Campos en reelegir a Héctor Acosta Félix como Auditor Superior del Estado ha generado un intenso debate sobre el rumbo de la fiscalización en Chihuahua. La decisión se mantiene incluso mientras la FGR y la ASF investigan presuntas irregularidades relacionadas con auditorías elaboradas durante los últimos años.

La auditoría forense sobre la deuda estatal de 2019 es el epicentro de estas indagatorias. Según especialistas, el informe omitió documentos esenciales y se basó en conclusiones construidas sin evidencia suficiente. Esta deficiencia técnica ha puesto en entredicho la validez del trabajo realizado por la auditoría estatal.

También se investiga si Acosta Félix actuó fuera de sus facultades al revisar recursos federales, una tarea que constitucionalmente corresponde a la ASF. De confirmarse este señalamiento, la auditoría estatal habría vulnerado el marco legal aplicable a la fiscalización pública.

Pese a este escenario adverso, Campos ha sostenido que la continuidad del auditor es necesaria para preservar la estabilidad institucional. Críticos argumentan que esta postura refleja una politización de los mecanismos de control, lo que debilita la confianza en el sistema estatal.

El resultado de las investigaciones federales será determinante. Si se confirman las irregularidades señaladas, la administración de la gobernadora podría enfrentar uno de sus mayores desafíos en materia de credibilidad y transparencia.