Los ciudadanos promovieron el proceso de revocación de mandato en contra de María Eugenia Campos Galván con el argumento de que su gobierno ha permitido prácticas criminales en el manejo de recursos y políticas públicas; el Gobierno de Chihuahua no ha respondido a una solicitud de información para conocer su postura sobre este asunto

El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua recibió este 9 de septiembre una solicitud para iniciar la instrumentación del proceso de revocación de mandato en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Óscar Humberto González Aguirre e Hipólito Meza Borunda son los dos ciudadanos que ingresaron la solicitud, en la que consideran que “la gobernadora y su gabinete han permitido la proliferación de prácticas inmorales, vergonzosas y criminales en el manejo de recursos y políticas públicas”.

En entrevista, González explicó que el alto número de muertes viales es otro de los aspectos que le llevaron a pensar en iniciar la solicitud de revocación.

“Hay pérdida de vida humana, corre la sangre de ciudadanas y ciudadanos a razón de la omisión contra lo más básico y lo más peligroso que viene siendo la circulación vial y la corrupción. Hay muchas pruebas para exigir que la gobernadora se vaya”, comentó.

La solicitud fue ingresada apenas nueve días después de que se publicara en el Periódico Oficial del Estado la reforma que elevó del cinco al diez por ciento el porcentaje de la lista nominal necesario para solicitar la revocación de mandato de la gubernatura.

La recepción de esa solicitud ciudadana para la activación del mecanismo de revocación de mandato en contra Campos Galván fue confirmada por Yuri Zapata Leos, consejero electoral del IEE Chihuahua.

Dijo que actualmente el órgano electoral se encuentra en la fase de análisis.

“Ya tenemos la primera solicitud de ciudadanos para iniciar todo el procedimiento de posible ejercicio de revocación de mandato; vamos a analizar la procedencia, como se ha hecho con otros mecanismos de participación política o social, y luego determinar si se requiere hacer algún tipo de prevención”, declaró.

Zapata Leos dijo que esta solicitud llegó en el plazo que marca la ley de solicitud de activación del mecanismo, de 90 días a partir de la mitad del periodo constitucional de la persona titular del Ejecutivo estatal. Sin embargo, aclaró que la recepción de la solicitud no limita la posibilidad que haya otras impulsadas por distintos grupos de ciudadanos.

El consejero informó que el IEE tendrá 10 días hábiles para hacer prevenciones, que en caso de ser resueltas por los solicitantes dará pie a que el Consejo determine la procedencia de la solicitud.

Llegado ese momento, explicó, se dará cumplimiento a la emisión de la convocatoria para reunir las firmas requeridas para llevar a cabo la consulta pública.

Sobre esta petición ciudadana, se buscó la postura del gobierno de Maru Campos, sin embargo, la solicitud de información realizada a través de Sergio Ramírez, coordinador estatal de Comunicación Social, aún no es respondida.

Para González Aguirre, uno de los promoventes de la revocación de mandato de la gobernadora, la reforma impulsada por el PAN y recién aprobada por el Congreso local fue un intento de blindar a la mandataria.

“Los mismos diputados que tienen a su cargo crear leyes a favor de la ciudadanía como que se empandillaron para ir a modificar para blindarse estilo dictaduras como las de Bolivia o Venezuela, todo a favor de que no vayan a ser removidos del cargo. Estas conductas ya rozan en lo dictatoriales”, acusó.

González, que se ostenta como dueño de un espacio informativo digital llamado Canal Chihuahua, dijo que junto a él y a Hipólito Meza hay al menos dos mil 500 personas que les han mostrado su apoyo para comenzar con el proceso de recolección de firmas para la revocación de mandato.

En abril de este año, los dos ciudadanos ya intentaron el mismo proceso, sin embargo, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua especifica que el plazo para solicitarla corre durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno.

De acuerdo con el mismo precepto, el resultado será vinculante cuando la participación en el proceso de revocación de mandato cuente con el 40 por ciento de la votación de la lista nominal y que la mayoría tenga una mayoría absoluta.

El proceso de revocación de mandato solamente podrá realizarse una vez  a lo largo del mandato de la persona titular del Ejecutivo, de acuerdo con los términos de la ley.

La reciente reforma a la Ley de Participación Ciudadana estatal desencadenó el rechazo de organizaciones de sociedad civil, quienes el pasado 5 de septiembre presentaron al IEE la solicitud para la realización de un referéndum para someter a consulta pública la modificación aprobada por el Congreso.

Sobre la solicitud de referéndum a las reformas que endurecen los requisitos para activar y ejecutar la revocación de mandato, Zapata Leos, consejero del IEE adelantó que el tema será analizado en su momento por el Consejo del Instituto.

“Ya desde ese momento estaba vigente la disposición reformada, pero obviamente el referéndum tiene que ver con la verificación de la consulta de un mecanismo de participación política sobre el proceso de reforma que sufrió justamente un artículo de esta de esta legislación en materia de revocación de mandato”, afirmó Zapata Leos.