Empleados de diversas empresas han acusado a COREMEX de implementar un modelo de presión que incluía la exigencia de pagos y la recolección forzada de firmas, presuntamente a cambio de evitar conflictos o de asegurar la permanencia dentro del centro laboral.

Los testimonios revelan que varios trabajadores fueron abordados por representantes sindicales que les solicitaron sumas de dinero bajo el argumento de “resguardar” sus derechos o gestionar asuntos administrativos que, en teoría, no implicaban ningún costo. Sin embargo, los denunciantes afirman que estas peticiones estaban acompañadas de advertencias sobre posibles complicaciones si se negaban a entregar las cantidades solicitadas.

Además de los cobros, empleados reportan que se les pedía firmar documentos en blanco o formularios cuyo propósito no era explicado con precisión. Este método generó preocupación sobre el posible uso de dicha documentación para procedimientos internos o externos que no contaban con la autorización de los trabajadores.

Personas cercanas al sindicato señalan que estas acciones habrían operado como una dinámica paralela al funcionamiento formal de COREMEX, beneficiando a ciertos dirigentes y creando una atmósfera de vulnerabilidad para la base laboral. La ausencia de información oficial y la falta de comprobación sobre el destino de los recursos abonaron a la percepción de que existía un mecanismo de presión sostenido.

Ante este escenario, los afectados exigen una revisión exhaustiva que determine el alcance real de estas prácticas y establezca las responsabilidades correspondientes. Las denuncias reavivan la discusión sobre la necesidad de sindicatos transparentes, representativos y alineados con los principios de legalidad que deben regir la vida laboral en el país.