La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), con su contraparte de Estados Unidos (EU), acordó que no se entregará toda el agua que correspondía a Baja California, hasta 2026, a fin de aminorar los efectos de la sequía en el Río Colorado, en EU.

Se trata de 493.4 millones de metros cúbicos de agua, la mayor cantidad retenida de la que se tenga memoria en la región, y que es más de tres veces el consumo anual de la ciudad de Mexicali.

Alfonso Cortez, investigador del Colegio de la Frontera Norte, alertó que incluso está en riesgo el funcionamiento de la Presa Hoover, ubicada entre Arizona y Nevada, usada para el envío de agua a México.

El agua dejará de recibirse a partir de octubre y hasta 2026, de la cuota anual que BC percibe desde Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas buscan que los productores agrícolas mexicanos dejen de recibir esa agua a cambio de 65 millones de dólares de EU para infraestructura hidráulica, una medida que no aprueban los agricultores.

EXIGEN PAGO POR RETENCIÓN
Ante la retención de agua que Estados Unidos aplicará a partir de octubre próximo, productores agrícolas y ejidatarios proponen a la CILA, sección mexicana, y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la entrega de mil 258 dólares (24 mil pesos) por cada hectárea de tierra descansada.

Los afectados del Valle de Mexicali explicaron que el Acta 330 -firmada en marzo pasado por la CILA, secciones México y EU- define 65 millones de dólares para “proyectos en México de conservación de agua para el sistema”, según indica la página 4 del documento.

Sin embargo, los productores se oponen a crear más infraestructura hidroagrícola a cambio de sus permisos de agua, ya que acusaron corrupción en obras anteriores, así como una sistemática falta de apoyo al campo por parte del Estado y de la Federación.

Esto sumado a que algunos cultivos tienen cada año precios menos competitivos.
En conferencia de prensa, productores y ejidatarios relataron que, junto al investigador Alfonso Cortez Lara, del Colegio de la Frontera Norte (Colef), formaron una comisión ciudadana para hacer una contrapropuesta a las autoridades.

Se trata del “Programa 90/10”, que significa 90 por ciento del recurso económico para productores y 10 por ciento para obra pública, es decir, 54 millones de dólares del Acta 330 para los productores que descansen tierras.

Se calcula que pudieran dejar de operar una superficie de cerca de 44 mil hectáreas en tres años, y el pago sería de mil 258 dólares por hectárea para los usuarios del Distrito de Riego Río Colorado que acepten el trato.

Con esta solución, explicaron, habría oportunidad de canalizar 5 millones de dólares para mitigar impactos ambientales, sobre todo en zonas con incremento de salinidad, así como destinar 6 millones de dólares para infraestructura hidroagrícola.

Cortez Lara explicó que el “Programa 90/10” fue hecho en conjunto con los productores agrícolas y los ejidatarios, luego de que la misma CILA les pidiera una propuesta.

“(Para el Programa) se utilizó un principio de proporcionalidad con referencia al porcentaje de agua de gravedad que cada módulo de riego utiliza, aplicado en zonas con suelos de baja productividad y zonas con cultivos con precios deprimidos”, indicó.

Benjamín Castillo, ex líder local de la Confederación Nacional Campesina, productor y miembro de la comisión ciudadana, criticó que ha habido opacidad sobre los recortes de agua acordados entre México y EU.

“Quisiera enfatizar la opacidad que han tenido las autoridades, no del acta 330, sino de la 319 y la 323, donde en los puntos que se negociaron venía específicamente el descanso de tierras para sembrar”, expuso.

Además, indicó que el Valle de Mexicali tiene una cartera vencida de alrededor de 800 millones de pesos, lo que refleja la falta de interés de las autoridades en el campo.

“En el trigo, algodón”, lamentó, “el Valle (de Mexicali) está colapsado”.